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En la
Argentina actual, en la que hasta los jardineros del poder son millonarios y
terminan presos por mover bolsos con millones de dólares, queda poco margen
para la sorpresa. Sin embargo, hasta el realismo mágico que Gabriel García
Márquez utilizó para darle vida a sus personajes a los que ubicó en un
imaginario pueblo llamado Macondo queda opacado por un escándalo electoral en la
localidad de Arizona, que acaba de terminar con casi el 10% de su hipotético
padrón electoral procesado, junto al ex intendente que pergenio un mecanismo
fraudulento para beneficiar en los últimos comicios a su hijo con quien se
viene alternado la conducción del municipio, habitado por unas 1.100 personas y
que forma parte del Departamento Gobernador Dupuy, en la provincia de San Luis.
Como en
todo pago chico, en Arizona se conocen todos. Por eso, los lugareños no
demoraron en advertir que en las pasadas elecciones de 2015, donde fue electo
como intendente el ex diputado provincial Jorge Ariel Figueroa, e hijo del
saliente alcalde, Jorge Pedro Figueroa, las
filas frente a las mesas de votación estaban pobladas por supuestos vecinos a
los que nunca habían cruzado en calle.
La fiscalía
corroboró que eran unos ochenta los las personas que sufragaron ese día
–presuntamente a favor del hijo del mandamás del pueblo- sin estar legalmente
habilitados para hacerlo; que todos ellos en realizad vivían en La Pampa y en
Mendoza, y que el jefe comunal los sobornó con el otorgamiento de licencias
profesionales para conducir sin siquiera haber rendido el examen ni presentar
ningún tipo de documentación.
Según la
investigación fiscal, los votantes
truchos representaban el 8% del padrón electoral de Arizona compuesto por 852
electores. Quizás por la maniobra -eso lo decidirá la Justicia
Electoral- Jorge Ariel se erigió triunfador con el 80% de los votos.
Peronista de cuña, Figueroa hijo encabezó la boleta de la Alianza Compromiso
Federal, a través de la cual Alberto Rodríguez Saá se consagró para un tercer
mandato como gobernador de San Luis. Fuera de la política, en Arizona, también
sobran las anécdotas que lo tienen al ahora procesado ex intendente como
protagonista excluyente.
Fue el día
en que el alcalde se cruzó a golpes de puño con un comerciante porque este no
quería mover su coche, que estaba frente la panadería, para que los empleados
municipales pudieran pintar la vía que demarcada la bici senda que pasaría por
allí. Roberto García, el panadero fue el primer sorprendido cuando el
intendente, apoyado por uno de sus subalternos, lo cruzó con un duro trompazo.
La trifulca
duró un par de minutos y terminó con el examen que les practicó el médico
policial que corroboró que los dos improvisados púgiles tenían lesiones, aunque
en ninguno de los casos eran de gravedad. La gresca generó una pequeña pueblada
en la que un grupo de ciudadanos salieron a apoyar al panadero cuando la
versión oficial echó a rodar que García había sacado un arma de fuego para
defenderse.
El fraude
La Justicia, se sabe, tiene sus tiempos y mucho más aún si se trata de maniobras que podría poner en duda la elección de autoridades, en este caso, de una comuna que cumplió 92 años de vida, y que está ubicada a 346 km al sur de la capital provincial.
La Justicia, se sabe, tiene sus tiempos y mucho más aún si se trata de maniobras que podría poner en duda la elección de autoridades, en este caso, de una comuna que cumplió 92 años de vida, y que está ubicada a 346 km al sur de la capital provincial.
Quizás por
eso, a poco más de un año de las próximas elecciones, recién en las últimas
horas, el titular de la Fiscalía Federal de San Luis, Cristian Rachid, pudo
convocar a prestar declaración indagatoria a las 86 personas que participaron
del escandaloso fraude electoral.
El fiscal
investiga un voluminoso expediente donde quedaron al descubierto una serie de
"delitos contra la fe pública en concurso con violaciones a Ley Electoral
Nacional".
La causa
tuvo su origen el 7 de septiembre de 2015 a partir de la denuncia efectuada por
un vecino de Arizona, quien
denunció, sin eufemismos, que había detectado personas que estaban votando pero
que "no tenían domicilio en el lugar".
Una de las
primeras medidas que adoptó la fiscalía fue allanar –por primera vez en su
historia- la sede del Registro Civil de Arizona. El resto fueron horas y horas
cruzando los datos de cada uno de los votantes.
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La tarea
arrojó resultados alentadores. Después de más de dos años de pesquisa, el
representante del Ministerio Público Fiscal determinó la existencia de "múltiples cambios falsos de
domicilio a Arizona por parte de personas que, predominantemente, registraban
domicilio en las ciudades de General Pico (La Pampa) y General Alvear
(Mendoza)". También acreditó que ni uno solo de los votantes
plantados por el intendente Figueroa "se mudó efectivamente al municipio
y, más aún, ni siquiera acreditaron los requisitos legales exigidos para
obtener el cambio de domicilio, trámite que se materializó de manera previa a
las elecciones simultáneas (nacionales, provinciales y municipales) de ese año
2015".
En su
dictamen, Cristian Rachid es contundente. "La maniobra habría sido
propiciada por el entonces intendente Pedro Jorge Figueroa con el objetivo de
que los nuevos 'electores' sufraguen a favor de su hijo, quien finalmente
resultó elegido y actualmente se encuentra a cargo del ejecutivo
municipal".
La maniobra
es explicada por el fiscal de la siguiente manera: "A cambio de su voto, el mandatario les
ofrecía la habilitación para conducir vehículo automotor en la categoría
profesional. El ilegítimo otorgamiento de dicha licencia a los
imputados (quienes, como se dijo, se domiciliaban en otras provincias) se
llevaba a cabo de manera irregular, sin la exigencia de ninguno de los
requisitos vigentes para la categoría profesional, tales como el certificado
médico, examen teórico práctico, entre otros.
Más aún, la investigación permitió verificar que, en la mayoría de los casos,
los acusados tramitaron su licencia de conducir en la Municipalidad de Arizona
el mismo día en que realizaron el cambio de domicilio falso a esa localidad".
Y un dato
más que corrobora la maniobra fraudulenta: "Más del 90% de los electores
investigados omitió presentarse al ballotage presidencial que tuvo lugar en
noviembre de 2015, circunstancia que, contrapuesta con el altísimo acatamiento
observado por los mismos electores en las PASO y las elecciones generales, pone
de manifiesto el acuerdo común focalizado en el interés local-municipal".
En el
expediente, el fiscal consiguió reunir "registros fílmicos y fotográficos
tomados por personal de la Policía Federal Argentina que permitieron
identificar el cruce desde General Pico hacia Arizona de vehículos que
trasladaban a muchos de los 'falsos' electores durante los días previos a la
jornada electoral del 25 de octubre de 2015".
¿Otra vez a las urnas?
La causa aún está en pleno proceso, y serán muy valiosos los testimonios que a partir de los próximos días comenzarán a escucharse en la fiscalía federal de San Luis, pero el final del proceso podría derivar en un pedido para que se anulen los comicios locales. Esto está basado en un dato que para el fiscal es clave y que puso de relieve a la hora de dimensionar el ilícito detectado.
La causa aún está en pleno proceso, y serán muy valiosos los testimonios que a partir de los próximos días comenzarán a escucharse en la fiscalía federal de San Luis, pero el final del proceso podría derivar en un pedido para que se anulen los comicios locales. Esto está basado en un dato que para el fiscal es clave y que puso de relieve a la hora de dimensionar el ilícito detectado.
"El
circuito 111 Arizona San Luis contaba en 2015 con un total de 852 electores,
con lo cual los delitos imputados pudieron incidir efectiva e ilegítimamente en
la conformación de la voluntad de más del 8 por ciento del padrón electoral de
la mencionada localidad", resaltó el fiscal.
La Fiscalía
también expuso que "la intervención en la maniobra del intendente Figueroa
obedece a una clara motivación personal (asegurarse un resultado electoral
favorable en las elecciones generales de 2015) y resultó imprescindible, pues
desde su posición y competencias a cargo del Ejecutivo municipal, organizó y
configuró el marco de actuación delictivo en el que se insertó la actuación
criminal de todos los electores mencionados".
Rachid fue extremadamente claro a la hora de apuntar al padre-intendente como cabeza de la maniobra.
Rachid fue extremadamente claro a la hora de apuntar al padre-intendente como cabeza de la maniobra.
"Jorge
Pedro Figueroa, como máxima autoridad local, organizó y obtuvo el aporte
–necesario para la inserción de las falsas declaraciones imputadas- de los
funcionarios provinciales con asiento local que igualmente intervinieron en la
maniobra (oficial del Registro Civil y policías provinciales) y, asimismo,
extendió ilegítimamente las licencias de conducir que proporcionó, a cambio de
su promesa de voto –igualmente ilegítimo-, a los electores mencionados".
Fuente: INFOBAE