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Desde que el Gobierno Nacional declaró la
emergencia sanitaria y luego el aislamiento social, preventivo y obligatorio,
como consecuencia de la pandemia de Covid-19, se tomaron diversas medidas para
evitar la propagación de la enfermedad, entre las cuales se incluyó la
suspensión de las clases presenciales en establecimientos educativos de los
distintos niveles.
La Ley
27.550, recientemente sancionada y promulgada, modifica el artículo 109 de la
Ley 26.206, de Educación Nacional, que establecía que los estudios a distancia
como alternativa para jóvenes y adultos sólo podían impartirse a partir de los
dieciocho (18) años de edad y que, conforme a las decisiones jurisdiccionales,
podrían ser implementados a partir del Ciclo Orientado del Nivel Secundario, en
la modalidad rural.
La nueva
Ley establece que excepcionalmente, cuando la escolaridad presencial -total o
parcial- sea inviable, y únicamente en caso de epidemias, pandemias,
catástrofes o razones de fuerza mayor que impidan la concurrencia a los
establecimientos educativos, será permitido transitoriamente el desarrollo de
trayectorias educativas a distancia para los niveles y las modalidades de la
educación obligatoria para menores de dieciocho (18) años de edad.
La ley modificatoria
prevé que en tal situación de excepcionalidad deberán adoptarse disposiciones
para la reorganización: pedagógica -de acuerdo a los Núcleos de Aprendizaje
Prioritarios- e institucional, del régimen académico y de la capacitación
docente.
En este orden,
establece que el Estado es responsable de la provisión de recursos tecnológicos
y conectividad que promuevan la igualdad educativa con condiciones de calidad.
El Proyecto, que
pasó en la última sesión a la Comisión de Asuntos Constitucionales y a la Comisión
de Educación, es una norma que adhiere a una ley votada en el orden nacional
para dar respuesta a una necesidad social, educativa y sanitaria actual pero previendo
situaciones futuras, por lo que resulta necesario que las Comisiones y la Cámara trate el proyecto en corto
tiempo.