La ordenanza que rige la obligatoriedad del debate fue sancionada por el Concejo Deliberante a mediados de año. El mismo tiene carácter público y obligatorio, sin embargo, las peleas entre el Tribunal y el municipio capitalino lograron su cancelación.
Desde el Municipio argumentaron que el Tribunal rechazó el lugar municipal disponible porque no lo consideraban como espacio neutral y, además, que el alquiler del Auditorio de la UNSL tendría un costo superior al millón de pesos. No obstante, esto último fue desmentido categóricamente por el rector Victor Moriñigo.
Desde el Máximo Tribunal culpan a Ponce de no destinar las partidas presupuestarias para la realización del comicio y de no establecer el lugar donde se debería realizar el debate.
Ante esto, el presidente del Interbloque San Luis Unido y de la Comisión de Legislación e Interpretación del Concejo Deliberante, Javier Suárez, afirmó que desde el bloque que él conduce repudian la decisión tomada porque viola una ordenanza en todas sus partes. “Hay una falta de voluntad por parte del Ejecutivo municipal de poner los recursos para realizarlo”, expresó.
Suárez, quien además es candidato a renovar su banca, manifestó: “Vamos a presentar un pedido de informe para que se esclarezca esta situación, ya que el año pasado aprobamos un presupuesto de $16 millones para la realización y el financiamiento de todos los actos de elección municipal”.
Fuente: SLR