El juez federal Claudio
Bonadio ordenó 101 indagatorias en el marco de una
investigación por la cartelización
de la obra pública, derivada del caso de los cuadernos del chofer
Oscar Centeno, según reveló ayer el portal Infobae.
Entre los citados se encuentran la ex presidente Cristina Kirchner, los empresarios Angelo Calcaterra, Aldo Roggio, Carlos Wagner y Juan Chediack, el financista
Ernesto Clarens y otros ex funcionarios de los gobiernos de CFK y de Néstor
Kirchner, como Julio De Vido
y Roberto Baratta,
según informaron fuentes judiciales a Infobae.
Todos los
imputados comenzarán a desfilar por el cuarto piso de los tribunales de
Comodoro Py a partir del 20 de febrero.
Hay 101
empresarios y funcionarios llamados a indagatoria, algunos de los cuales
aceptaron haber pagado las coimas relatadas en las anotaciones de Centeno.
Cristina Kirchner fue citada para el 25 de
febrero. Un día después deberá volver a los tribunales federales
porque está fijado el inicio del debate por el juicio de la obra pública –más
allá de los pedidos de suspensión-.
Entre los
ex funcionarios citados están De Vido, José López y José Nivello, a los que se
suman responsables del área de Vialidad como Nelson Perotti y Sandro Férgola,
entre otros.
En la
nómina de empresarios aparecen Cristóbal
López y uno de sus hijos; Osvaldo
de Sousa; los ex responsables de IECSA Angelo Calcaterra, Javier Sanchez Caballero y Santiago Altieri. También están Carlos Wagner, Juan Chediack y Gustavo Weiss, ex
presidentes de la Cámara de la Construcción. En la lista están también Aldo
Roggio, Mario Rovella (de la empresa Rovella Carranza) y Jorge Sergio
Venol (de la constructura Relats) o nombres como Elias Ezequiel Sapag,
Fabián Biancalani y Juan Perona. El juez Bonadio incluyó también
a Miguel Aznar, Hugo Alberto Dragonetti, Gabriel y Luis Losi, Patricio Gerbi
y Manuel Santos Uribelarrea, entre otros.
Fue Carlos
Wagner el primero que, como arrepentido, habló del "club de la obra
pública" y mencionó a ciertas empresas que no estaban en los cuadernos de
Centeno. Después, Clarens también buscó ser arrepentido y habló de un listado
de empresas que hicieron negocios con la obra pública y quedaron bajo la lupa.
Más allá de
lo que se detectó en el sistema de recaudación que funcionaba en el Ministerio
de Planificación, Bonadio entendió que había una nueva causa, anexa, que había
que investigar y pidió informes quiénes eran las autoridades de 71 empresas que hicieron negocios con obra
pública durante los años 2003 a 2015, es decir mientras gobernó
el kirchnerismo. En enero también hubo pedidos de informes, con ordenes de
presentación, a todas las empresas sospechadas.
Con esa
información, Bonadio activó ahora las citaciones a indagatorias: no solo
tendrán que volver a tribunales muchos de los empresarios ya procesados en el
caso de los cuadernos, sino también Cristina Kirchner, De Vido y otros
funcionarios.
Fuente: INFOBAE