Los ex presidentes Luiz Inácio “Lula” da Silva y Dilma Rousseff, del Partido de los Trabajadores, fueron procesados en base a una denuncia de la fiscalía de que participaron de una asociación ilícita durante sus gobiernos, informaron fuentes judiciales.
La decisión que abre la etapa de juicio sobre la acusación fue tomada por el magistrado de Brasilia Vallisney de Souza Oliveira, quien aceptó la denuncia sobre que el PT actuó como una organización ilícita, que financió la política ilegalmente mediante desvíos de empresas públicas.
Mientras en San Luis, se lleva más de un año desde que la Corte Suprema de Justicia instruyó al juez Penal N° 1 de San Luis, que se desprenda de la denuncia por el otorgamiento en plena campaña electoral de un subsidio de $80 millones a la fundación de Gisela Vartalitis, esposa del senador Adolfo Rodríguez Saá.
Apenas el portal Zbol.com.ar publicó que el gobernador Alberto Rodríguez Saá autorizó en tiempo récord una transferencia a la fundación Mujeres Puntanas, que regaló electrodomésticos en plena campaña electoral con la presencia del entonces candidato a senador nacional, Adolfo Rodríguez Saá, los legisladores fueron a la Justicia federal.
Denunciaron la posible violación de la Ley Nacional de Financiamiento Electoral, y la presunta comisión de una serie de delitos tipificados en el Código Penal por parte del Gobernador y un grupo de funcionarios.
El juez Federal, Juan Maqueda, se declaró incompetente para investigar si Alberto Rodríguez Saá y un grupo de funcionarios incurrieron en “abuso de autoridad, violación de deberes de funcionarios públicos, malversación de caudales públicos y peculado y fraude en perjuicio del Estado Provincial”.
Por esa razón, el expediente fue a las manos del entonces juez de turno, Eduardo Cadelago Filippi, recientemente promocionado a juez de Cámara, que lo rechazó.
Con ambos magistrados declarándose prescindentes, la causa subió a la Corte Suprema que todavía no decidió quién se ocupará de uno de los casos más escandalosos de los últimos años.
El 1° de diciembre de 2017 la Corte dispuso que la Justicia provincial envíe el expediente a Maqueda, va a pasar un año y estamos sin novedades.
Fuente: Todo un País.