Hasta aquí pareciera una acción acertada y a tiempo, pero al conocer los detalles del caso, se puede apreciar que el abuso ocurrió en el 2015 en la localidad de La Toma, y que el abuelo de la niña obtuvo una condena en suspenso de tan solo tres años, conservando su libertad.
Durante dos años la parte damnificada sostuvo el proceso sin patrocinio ni acompañamiento, para que, después de una condena injusta, aparezcan algunas funcionarias a ofrecer abogados y tratar de apelar la condena.
Eva Giberti es médica Psicoanalista, tiene 50 años de experiencia y esta a cargo del Programa Las Víctimas Contra Las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Cada vez que ingresa a la comisaría un caso de abuso la llaman por teléfono, ellas van al encuentro de la víctima y no se les despegan en todo el proceso para evitar la revictimización o el destrato. Además llevan un registro de casos, edad, tipo de abuso y sexo.
Eva Giberti, explica:" El “abuso sexual infantil” no existe, es la costumbre de hablar mal, de simplificar. No hay abuso sexual infantil, porque infantil es un calificativo de abuso y el abuso no es calificable como infantil. La forma correcta es decir: “Niños y niñas abusados sexualmente por adultos”. De la otra manera queda encubierto que el adulto es el responsable. Dentro del abuso están los incestos, palabra que fue sacada de nuestro Código Penal para lavar el acto con la expresión: “violación agravada por el vínculo”. Violación o incesto es la penetración del adulto a una criatura y se produce en el 90% de los casos por el padre a su hijo o hija."
Al dimensionar tal problemática, es indignate escuchar las declarciones de la jefa del Programa Control y Seguimiento de Casos, Grisel Pollacchi, quien afirmó en dicha conferencia : “Es importante que la comunidad sepa que la Secretaría le brinda a las mujeres lo que sea necesario para garantizarles sus derechos y, en este caso, el derecho de los niños, que está ante todo”.
Más aún las declaraciones del que será el abogado patrocinante: José Chía: “Vamos a buscar que se revea la sentencia,y se aplique el máximo de la pena que es de 4 años".
Giberti explica que este delito puede ser prevenido y debe serlo, pero que de nada vale publicitar una acción esporádica que lo combata, ya que lo único que genera es la multiplicidad de denuncias, para luego caer en lo mismo. Falta de políticas, falta de campañas sostenidas en el tiempo y falta de especialistas que reemplacen a funcionarios que "pretenden hacer desde el voluntarismo".
Por último, exponer uel caso de una niña abusada hace más de dos años, deja como lectura que podría tratarse de un caso aislado, o de situaciones que no se repiten. Y se conoce a las claras que esto no es así: Basta ver cifras de otras provincias para comprenderlo:
Desde octubre de 2006 a agosto de 2016 el Equipo Móvil de Atención a Víctimas del Delito contra la Integridad Sexual atendió 9.986 víctimas, de las cuales 5.239 eran niñas, niños y adolescentes (NNyA), un 52,5 por ciento.
- Entre las NNyA, se advierte que 9 de cada 10 víctimas de violencia sexual son de género femenino: 87,9 por ciento son mujeres y 12,1 son varones. No se registraron víctimas transgénero.
- El 14,5 por ciento de las víctimas de violencia sexual es menor de 5 años de edad, mientras que el 38,2 por ciento de las víctimas son niñas de entre 11 y 15 años.
- En San Luis muchas víctimas de abuso no recibieron asistencia en la secretaría de la mujer: Roxana, mamá de una niña de 12 con un embarazo producto de violación recuerda: "A mí nunca me ayudaron". V.J. jóven de 21 años abusada sexualmente por el dueño de la parrila El Rodeo en su momento declaró lo mismo ante los medios de comunicación: "En la secretaría no me ayudaron porque la esposa del tipo trabaja ahí".
- Quedan algunas preguntan: Era entonces necesario publicitar el caso? con qué finalidad? tienen intención de crear políticas públicas serias para abordar tan inmensa problemática?
