Desde el inicio de la aplicación del decreto presidencial de aislamiento social, preventivo y obligatorios, allá por el 20 de marzo, los argentinos fuimos testigos de la falta de responsabilidad y solidaridad por parte de un importante sector de la sociedad, acostumbrada a violar -una y otra vez- las normativas legales que se imponen -en este caso- para evitar la propagación del coronavirus.
En San Luis, la
Policía detuvo e inició sumarios judiciales a un promedio diario de un centenar
de personas por incumplimiento de las normas y leyes vigentes tendientes a evitar la introducción y/o la propagación de la pandémia. La cifra fue disminuyendo a medida que
se flexibilizó la cuarentena. Entre los detractores de la ley hubo un
sacerdote, una psicóloga, abogados, policías, dirigentes políticos,
funcionarios y ex funcionarios de distintas extracciones partidarias. Ninguno
de ellos predicó con el ejemplo.
La orden del Poder
Ejecutivo a la Policía fue ejercer un estricto control sobre la población,
para el efectivo cumplimiento del DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) dictado
por el Presidente Fernández sin embargo, sorprendió a propios y extraños las
dificultades que muchos ciudadanos tienen para sostener las exigencias del encierro y el aislamiento o simplemente, cumplir la
Ley.
Al comienzo de la
implementación del DNU más de uno habrá pensado que “no pasaba nada” y eligió
seguir con su vida normal total… no pasa nada cuando violamos tanta otra
legislación nacional, provincial o municipal, ¿por qué esta vez sería distinto?.
No hace falta dar
ejemplos de la impunidad reinante en el país, la misma que impera hasta en los
más pequeños pueblos del interior. ¿Quién no cometió un acto de corrupción por
mínimo que parezca?, ¿quién no conoce acaso algún vecino que pide certificados
truchos para faltar al trabajo o para realizar algún trámites, y al médico que
se presta para eso?; ¿quién no cuanta con un funcionario amigo que nos “da una
mano”, o nos gestione por izquierda un beneficio que no nos corresponde?. Es
así, con estos ejemplos, como los mismos responsables de hacer cumplir la Ley
nos enseñaron a eludirla.
Todos sabemos de las
muchas normativas sancionadas para ordenar la convivencia ciudadana que se
pasan por alto, porque sabemos que no se harán efectivas jamás, salvo decisión
política firme de modificar situaciones o malas costumbres propias de un
electorado mayoritario de un distrito determinado.
Curiosamente, los
mismos funcionarios que tienen el poder de hacer cumplir o no las leyes según les
convenga, son los que ahora se ponen estrictos y sin miramientos particulares. La
Ley -esta vez- parece caernos con todo su peso y a todos por igual, o a casi
todos bha!
Como reflexión se nos
generan también muchos interrogante. Podríamos pensar que si en esta ocasión,
sin reparar en el famoso costo político el Gobernador de San Luis fue capaz de
ordenar el estricto cumplimiento del DNU, ¿no será ésta la oportunidad para que
aprendamos a respetar toda la legislación que nos rigen la vida en sociedad?, ¿serán
capaces los gobernantes de exigir desde ahora, y con el fin de resolver otros problemas comunes, el cumplimiento del resto de las
normas que nos rigen para una armoniosa convivencia ciudadana?.
El tiempo dirá -en definitiva- qué enseñanzas y qué cambios sociales nos dejará la histórica pandémia de coronavirus.
Silvana Sola
La Posta de San Luis
La Posta de San Luis